Evaluación universal a maestros busca justificar despidos masivos

9 enero, 2012 a 21:20 pm (entrevista) 

Unión de Juristas de México representará a profes en demanda laboral
Acuerdo Gordillo – Lujambio pone en la mira a trabajadores de educación
Pruebas estándar aplicadas como negocio por empresas privadas.
“No nos oponemos a evaluarnos, pero para capacitarnos y actualizarnos”
Javier Hernández Alpízar.– Maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) con apoyo de la Unión de Juristas de México (UJM) impugnarán legalmente el proceso de evaluación universal que, por convenio entre Elba Esther Gordillo y Alonso Lujambio, pretenden aplicar a los maestros a partir de junio de 2012, expresaron en rueda de prensa el abogado César de León Guadiana de la Unión de Juristas de México y el maestro Guillermo Nonalaya Toralva de la Comisión Nacional de Organización del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE.
Han preparado una demanda laboral contra el proceso de evaluación universal al que pretenden someter a todos los maestros, porque no es para un diagnóstico y la capacitación de los trabajadores de la educación, sino para su certificación o despido.
La tercera etapa de la presentación de estas demandas será el 27 de enero, las anteriores fueron en noviembre y diciembre de 2011, explicó el abogado. Están involucrados en este proceso de impugnación casi cincuenta mil maestros. Esperan duplicar el número de demandantes en todo el país.
La impugnación legal es por la violación a sus derechos constitucionales, a la Ley para los Trabajadores al Servicio del Estado y a la Ley Federal del Trabajo, que establecen el derecho de los maestros a la estabilidad en el empleo y su derecho a la permanencia indefinida en el mismo.
El proceso de evaluación universal es para ser despedidos, por ello, viola el derecho a la estabilidad en el empleo. Los criterios de la evaluación son el desempeño, la competitividad y la productividad, para las cuales aplicarán pruebas estandarizadas diseñadas a nivel internacional. Aquí se presupuesta para la educación el 2.8 del PIB, en tanto que las pruebas exigirían un desempeño como en países donde se presupuesta el 8% del PIB.
Además, homogeneiza una prueba para maestros y maestras en condiciones tan disímiles como quienes laboran en las sierras de Veracruz y quienes lo hacen en ciudades como Xalapa o Monterrey, expresó César de León Guadiana. Y no se evalúa los conocimientos, sino su desempeño, en una característica injusta, por decir lo menos.
No se trata de un diagnóstico sobre el cual se proceda a la capacitación, que sería cumplir con la ley, sino que es una evaluación global tendiente a la certificación del profesor. Esto implica olvidarse de que el Estado certificó a los profesores cuando les otorgó un título profesional, así certificó su habilidad y aptitud para la docencia, además les dio un nombramiento para impartir sus clases. Por ello, de acuerdo a las leyes laborales, no debe despedirlos sino capacitarlos y actualizarlos.
La evaluación mediante pruebas estándar sería a cargo de empresas privadas como el CENEVAL (Centro Nacional de Evaluación), lo cual involucra el gran negocio de las evaluaciones para las empresas privadas que aplicarían las pruebas y cobrarían por ellas.
Este proceso se opera de acuerdo con un convenio entre la Secretaría de Educación Pública(SEP), cuyo titular es Alonso Lujambio y el SNTE, dirigido por Elba Esther Gordillo, de mayo de 2011. Y se aplicaría a partir de junio de este año a los maestros de primaria, secundaria, preescolar y educación especial.
La denuncia laboral contra esta evaluación se presentará en la Ciudad de México ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
Por su parte, el profesor Guillermo Nonalaya Toralva explicó en Veracruz los maestros ya han impulsado la demanda laboral desde hace tiempo.
Los sindicatos oficialistas han minimizado tanto a los trabajadores como a la evaluación y han tratado de confundir a los maestros. Les han dicho que el gobernador o algún otro personaje político defenderá a los maestros, pero una autoridad no puede no aplicar la ley. Es la ley que introduce la evaluación universal la que debe impugnarse constitucionalmente.
La cédula profesional es una certificación, pero la ley por la que se aplicaría la evaluación pretende certificarlos otra vez o despedirlos. Quizá por la coyuntura electoral y la alianza entre el PANAL y el PRI podría suspenderse pero no sería definitivamente.
Los maestros, dijo Nonalaya Toralva, están de acuerdo en que sea evaluado su trabajo, pero no debe significar el despido, sino impulsar su preparación académica, profesional y laboral. Piden una evaluación justa y equitativa.
Por ello el Comité Nacional que él representa ha buscado el apoyo de la Unión de Juristas de México.
Invitó a los maestros veracruzanos a que se informen adecuadamente, que reflexionen, que se asesoren con un abogado de su confianza sobre la Ley del Servicio Profesional de Carrera, que tras la reforma impugnada ordena el despido después de dos evaluaciones. Se refirió al artículo 61 del Reglamento de la Ley Servicio Profesional de Carrera, a su fracción VII, apartados 3 y 20.
Los profesores impugnan el despido por violar sus derechos laborales, no la evaluación y el diagnóstico que les permita capacitarse y actualizarse.
Esta estrategia que hace muchos años se ha usado en otros países, como Chile, pretende denigrar ante la opinión pública a los maestros para justificar despidos masivos, en esos países así ha sido, explicó el abogado.
Se usarían pruebas psicométricas que no solamente evalúan sus capacidades o conocimientos, sino incluso su estabilidad emocional, expresó el profesor Guillermo Nonalaya.