Impunes, 98% de los 67 mil asesinatos esta administración, sostiene el poeta
Se suman Narro, Sicilia y Concha a la denuncia contra el presidente Calderón
Miguel Concha Malo, presidente de la asociación Fray Francisco de Vitoria, lamentó ayer, durante su participación en el congreso ciudadano, que el gobierno federal rehúse cambiar la estrategia de lucha contra el crimen organizadoFoto Demián Chávez
Mariana Chávez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 11 de diciembre de 2011
Querétaro, Qro., 10 de diciembre. Al concluir el Congreso Estatal Ciudadano de Derechos Humanos, los participantes firmaron un manifiesto de 14 puntos, entre los cuales se encuentra uno en el que se suman a la denuncia de 23 mil mexicanos ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente Felipe Calderón por incurrir en crímenes de guerra y de lesa humanidad, y otro para demandar el retiro de las fuerzas armadas de las calles del país, porque violan las garantías elementales de los ciudadanos.
En el congreso participaron como ponentes José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México; Javier Sicilia, coordinador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y Miguel Concha Malo, presidente de la asociación Fray Francisco de Vitoria, entre otros.
Suscribimos la denuncia que con valentía y entereza presentaron 23 mil personas ante la CPI de La Haya el 25 de noviembre de 2011 contra la actitud criminal del Estado o de sus protegidos reales contra la violación sistemática de sus derechos que se señalan en la Constitución mexicana, afirma el texto leído por Gonzalo Guajardo González, catedrático de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro.
El documento plantea la urgencia de que los mexicanos recuperen su bienestar social, económico, cultural y político, que se asignen recursos económicos suficientes a las instituciones para evitar la corrupción y que las instituciones de educación asuman su tarea de formar personas en su integridad y no sólo capacitar a la fuerza laboral.
Al presentar la conferencia Seguridad y justicia sin democracia, Narro Robles indicó que los derechos y garantías individuales y sociales deben ser exigibles y no sólo aspirar a que ello suceda.
Destacó que la corrupción, la impunidad y la falta de impulso a la educación, el desempleo y la economía informal incuban grandes problemas en el país que deben ser atendidos de inmediato, pues no se puede continuar por esa vía.
Javier Sicilia, quien participó mediante un enlace virtual, indicó que primero están los deberes y después los derechos. Consideró que no existiría una Declaración Universal de los Derechos Humanos si cada ciudadano respetara esas garantías como un deber.
Indicó que 98 por ciento de crímenes cometidos en el país quedan impunes, y destacó que en total se han cometido 67 mil 700 asesinatos en el marco de las acciones de guerra contra el narcotráfico que emprendió el gobierno federal.
Señaló que olvidar y no reconocer que se ha cometido determinado número de crímenes en el país, así como no castigar a los autores de esas muertes, representa un crimen de lesa humanidad.
En el tema Políticas públicas sobre seguridad ciudadana y el respeto a los derechos humanos, Concha Malo destacó que el gobierno federal ha hecho caso omiso a la petición ciudadana de cambiar la estrategia de combate al narcotráfico ante las múltiples violaciones a los derechos humanos que se han cometido.
Se suman Narro, Sicilia y Concha a la denuncia contra el presidente Calderón
Miguel Concha Malo, presidente de la asociación Fray Francisco de Vitoria, lamentó ayer, durante su participación en el congreso ciudadano, que el gobierno federal rehúse cambiar la estrategia de lucha contra el crimen organizadoFoto Demián Chávez
Mariana Chávez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 11 de diciembre de 2011
Querétaro, Qro., 10 de diciembre. Al concluir el Congreso Estatal Ciudadano de Derechos Humanos, los participantes firmaron un manifiesto de 14 puntos, entre los cuales se encuentra uno en el que se suman a la denuncia de 23 mil mexicanos ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente Felipe Calderón por incurrir en crímenes de guerra y de lesa humanidad, y otro para demandar el retiro de las fuerzas armadas de las calles del país, porque violan las garantías elementales de los ciudadanos.
En el congreso participaron como ponentes José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México; Javier Sicilia, coordinador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y Miguel Concha Malo, presidente de la asociación Fray Francisco de Vitoria, entre otros.
Suscribimos la denuncia que con valentía y entereza presentaron 23 mil personas ante la CPI de La Haya el 25 de noviembre de 2011 contra la actitud criminal del Estado o de sus protegidos reales contra la violación sistemática de sus derechos que se señalan en la Constitución mexicana, afirma el texto leído por Gonzalo Guajardo González, catedrático de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro.
El documento plantea la urgencia de que los mexicanos recuperen su bienestar social, económico, cultural y político, que se asignen recursos económicos suficientes a las instituciones para evitar la corrupción y que las instituciones de educación asuman su tarea de formar personas en su integridad y no sólo capacitar a la fuerza laboral.
Al presentar la conferencia Seguridad y justicia sin democracia, Narro Robles indicó que los derechos y garantías individuales y sociales deben ser exigibles y no sólo aspirar a que ello suceda.
Destacó que la corrupción, la impunidad y la falta de impulso a la educación, el desempleo y la economía informal incuban grandes problemas en el país que deben ser atendidos de inmediato, pues no se puede continuar por esa vía.
Javier Sicilia, quien participó mediante un enlace virtual, indicó que primero están los deberes y después los derechos. Consideró que no existiría una Declaración Universal de los Derechos Humanos si cada ciudadano respetara esas garantías como un deber.
Indicó que 98 por ciento de crímenes cometidos en el país quedan impunes, y destacó que en total se han cometido 67 mil 700 asesinatos en el marco de las acciones de guerra contra el narcotráfico que emprendió el gobierno federal.
Señaló que olvidar y no reconocer que se ha cometido determinado número de crímenes en el país, así como no castigar a los autores de esas muertes, representa un crimen de lesa humanidad.
En el tema Políticas públicas sobre seguridad ciudadana y el respeto a los derechos humanos, Concha Malo destacó que el gobierno federal ha hecho caso omiso a la petición ciudadana de cambiar la estrategia de combate al narcotráfico ante las múltiples violaciones a los derechos humanos que se han cometido.
