7 puntos clave de la nueva ley para evaluar a los profesores
Las evaluaciones serán obligatorias, las aplicarán los gobiernos estatales apoyados por el INEE y tendrán consecuencias para quien repruebe
Por Mauricio Torres
La reforma educativa que busca evaluar a los docentes ha causado inconformidad en varios estados
CIUDAD DE MÉXICO— Las leyes secundarias indispensables para que funcione la reforma educativa quedaron aprobadas en su totalidad esta semana en el Congreso mexicano y, para que entren en vigor, sólo falta que las promulgue el presidente Enrique Peña Nieto, lo que se prevé ocurra en los próximos días, según informó este viernes el propio mandatario.
De esas normas, la del Servicio Profesional Docente es la que ha generado más polémica entre el magisterio, así como protestas de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes exigen que sea derogada. Aquí te presentamos cuáles son sus principales puntos.
1. Nuevas reglas para la asignación de plazas. La ley establece que las nuevas plazas docentes para educación pública básica (preescolar, primaria y secundaria) y media superior (bachillerato) serán asignadas sólo por concursos de oposición, que de preferencia serán anuales. Actualmente, los gobiernos estatales en automático entregan plazas a egresados de las escuelas normales o éstas incluso son vendidas por otros profesores, una práctica ilegal.
2. Se amplía el perfil de aspirantes. En los primeros dos años a partir que la ley sea vigente, los concursos de oposición serán exclusivamente para egresados de las escuelas normales. Pasado ese periodo, podrá concursar por una plaza cualquier persona que cumpla con el perfil que definan las autoridades educativas. Los legisladores que votaron a favor de la propuesta afirman que esto fortalecerá el sistema educativo, porque permitirá que den clases los ciudadanos mejor calificados independientemente de si estudiaron o no en una Escuela Normal. En cambio, la CNTE se declara en contra de la medida argumentando que disminuirá las posibilidades de que los normalistas encuentren trabajo.
3. Evaluación obligatoria. El punto clave de la nueva ley consiste en obligar a los profesores, directores de escuela, asesores y supervisores a someterse a evaluaciones periódicas, de cuyos resultados dependerá que permanezcan o no en el cargo. Las evaluaciones serán diseñadas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), autónomo del gobierno, y serán aplicadas por las secretarías de Educación de los estados. El personal educativo tendrá hasta tres oportunidades para aprobar los exámenes, en un lapso de dos años en los que las autoridades deberán ofrecer programas de regularización, o de lo contrario enfrentará el cese o una reasignación.
4. Sanciones para los reprobados. Los profesores de nuevo ingreso —aquellos que sean contratados después de que la ley entre en vigor— y reprueben las tres evaluaciones serán castigados con la pérdida de su plaza. En cambio, los docentes que actualmente están en activo serán removidos de los salones de clase pero no serán despedidos, sino que se les reasignará en otra área del servicio público (en tareas administrativas, por ejemplo) o las autoridades los exhortarán a jubilarse. Este es el tema que más molestia ha causado entre los integrantes de la CNTE, quienes consideran que esas medidas atentan contra sus derechos laborales porque les harán perder estabilidad en el empleo. Los líderes de la coordinadora afirman que no se oponen a la evaluación, sino a que ésta implique castigos.
5. Los resultados de la evaluación. El INEE será el responsable de hacer públicos los resultados de las evaluaciones magisteriales, aunque en ellos no podrá revelar las calificaciones de cada profesor, que serán consideradas datos personales. En lugar de eso, únicamente dará a conocer los resultados por escuela o por entidad. En el Senado, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) propuso que se transparentaran todas las calificaciones —argumentando que no hacerlo impediría que un padre de familia supiera cuál es el desempeño del profesor que da clases a sus hijos—, pero el planteamiento fue rechazado por el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
6. Castigos para faltistas. La ley también establece que el personal docente que, sin justificación, falte al trabajo más de tres días en un periodo de un mes será dado de baja. Según los impulsores de la medida, con ello se busca garantizar que habrá continuidad en las clases. Los profesores que reciban este u otro tipo de sanción podrán apelar ante los tribunales laborales.
7. Límites a los comisionados sindicales. Los profesores que acepten un cargo o comisión en su sindicato deberán recibir su sueldo de parte de la agrupación gremial, no del Estado. El objetivo de esto es limitar el aumento de los comisionados sindicales, es decir, de los docentes que realizan tareas para su organización pero siguen cobrando como si dieran clases.
