lunes, 8 de noviembre de 2010

Cárteles de México y funcionarios implicados en redes prostitución: Lydia Cacho



La escritora advierte que las mafias se muestran cada vez más agresivas. EFE
                Asegura que las mafias cuentan con protección de altos funcionarios gubernamentales
La periodista mexicana denuncia el crecimiento de esta actividad en manos de las mafias del país

CIUDAD DE MÉXICO (24/JUL/2010).- La mayoría de los cárteles del narcotráfico y una gran cantidad de funcionarios de todos niveles están implicados en las redes de la prostitución organizada y la trata de mujeres en México, dijo la periodista y escritora Lydia Cacho.

"Hay un vínculo entre las mafias dedicadas a la prostitución y la trata de mujeres y la mayoría de los cárteles de la droga, con excepción de algunos como el de "La Familia" ya que dicen que sus códigos 'morales' le impiden operar prostíbulos", afirmó la también defensora de mujeres.

Añadió que muchos de los cárteles mantienen negocios en el norte del país y en el Distrito Federal que son en realidad prostíbulos disfrazados.

En su libro "Las esclavas del Poder, un viaje al corazón de la trata sexual de mujeres y niñas en el mundo" (Grijalbo, 2010) Cacho denuncia el crecimiento de esta actividad que está cada vez más en manos de las mafias organizadas de cada país, que cuentan con protección de altos funcionarios gubernamentales y de personal en controles migratorios.

"Yo encontré evidencias de la mafia japonesa, los Yakuzas, operando en Tijuana, en el norte de México, donde compran niñas mexicanas y se las llevan a Japón", dijo la periodista.

En el libro, Cacho denuncia que 1.4 millones de personas son compradas y vendidas en el mundo, la mayoría para dedicarlas a la prostitución.

Añadió que la mafia rusa opera en México, adonde traslada mujeres de los países de Europa oriental, y se lleva a centroamericanas a Rusia y a otros países, donde son buscadas este tipo de mujeres.

Recordó que un informe de la ONU sobre trata de personas hacia Europa señala que cada año unas 70 mil mujeres y niñas son explotadas en el viejo continente y otras 700 mil en todo el mundo, y que las mafias en Europa ganan entre dos mil  500 y tres mil millones de euros con este negocio.

Cacho también señaló que las autoridades estadounidenses reconocieron que éste es uno de los más graves problemas actuales y se adhirieron a la "Campaña Azul" para combatir la trata de personas.

"La batalla contra el tráfico humano es una responsabilidad compartida que involucra a autoridades policiales locales, estatales, tribales y federales, y organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro, gobiernos de todo el mundo y comunidades en toda la nación", afirmó recientemente la secretaria de Seguridad Nacional de EU, Janet Napolitano.

Cacho explicó que los grupos que comercian con mujeres y niñas recorren las mismas rutas controladas por el narcotráfico desde el sureste mexicano hasta las norteñas Monterrey y Tijuana, se trasladan en aerolíneas comerciales y vuelos chárter y cruzan aeropuertos donde los agentes migratorios, las policías locales y federales les permiten el paso.

La activista explicó que en todos los países hay una gran parte de hombres consumidores de sexo comercial que son la base sobre la que se sostiene la trata de mujeres, los cuales representan el 70 por ciento de este mercado, y quienes pagan entre 10 y 30 dólares por los servicios de las mujeres y niñas.

El 30 por ciento restante lo representa el turismo sexual de diversos países, que está integrado por empresarios, policías y militares de alto nivel que viajan entre estados o entre países para tener sexo con jovencitas.

"Estos turistas sexuales, que provienen principalmente de Estados Unidos, Canadá, España, Rusia, Italia y México, demandan cada vez más a jovencitas vírgenes por diversas razones, entre estas el tema del sida, el gusto o la pasión por menores", indicó la escritora.

Agregó que después del sureste asiático, los países con mayor oferta de sexo comercial son Brasil, que ofrece pornografía infantil y turismo sexual con adolescentes y homosexuales, y en gran medida cada vez más se incluyen Guatemala y México.

En el caso de México citó como paraísos sexuales los balnearios de Cancún y Playa del Carmen, en el Caribe, así como las playas del estado de Guerrero, entre estas Acapulco, además de Baja California, Puerto Vallarta y Veracruz.

Recordó que en dicho país los portales divas.com y zonadivas.com son algunos de los que se utilizaban para atraer jóvenes de otros países y estaban involucrados diversos grupos de traficantes de Europa del Este y Suramérica, junto con funcionarios.

Advirtió de que las mafias se muestran cada vez más agresivas y puso como ejemplo el homicidio en mayo de 2007 de Nemesio Lugo Félix, entonces secretario técnico de la Comisión Interinstitucional para Prevenir la Trata de Personas, quien investigaba la vinculación de los carteles con funcionarios.

Por último, Cacho apuntó que si no se frenan estas mafias, en la próxima década el Gobierno tendrá que declararles la guerra debido al gran poder de corrupción y la esclavitud sexual que alcanzarán, como ocurre actualmente con el narcotráfico.

Atracción e impunidad


Atracción e impunidad

Atracción e impunidad
Reforma
Javier Rosiles Salas y Martha Martínez
(08-Nov-2009).-
Cada que hay un hecho criminal grave, como la reciente ejecución del secuestrador Héctor Saldaña, la PGR "atrae" el caso, generando la expectativa de que así se resolverá pronto y de mejor manera. En los hechos, ocurre exactamente lo contrario.
La facultad de atracción de la PGR, consagrada en el artículo 73 de la Constitución desde 1996, se ha convertido en sinónimo de opacidad y de impunidad, señala el investigador del CIDAC, Guillermo Zepeda.
La figura es obsoleta y se ejerce de manera discrecional, apunta el investigador de la UNAM Javier Oliva.
Es una facultad que tiene razón de ser, pero también se puede ejercer políticamente, advierte Samuel González, ex titular entre 1997 y 1999 de la entonces Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR (hoy SIEDO).
Las cifras de la PGR sobre averiguaciones previas atraídas confirman que éste es un terreno en el que reina la discrecionalidad, pues no cuenta con un registro exacto de casos ni del desenlace de sus investigaciones.
Los documentos oficiales no cuadran con los anuncios públicos de atracción hechos cotidianamente por las autoridades.
En lo que va del sexenio del presidente Felipe Calderón Reforma ha informado sobre más de 60 casos. Pero en una respuesta a una solicitud de información hecha por Enfoque, la PGR dijo haber atraído sólo 41 entre 2003 y 2009.
Esta cifra contrasta con la reportada en el informe La actuación ministerial de la Procuraduría General de la República. Estadística 2001-2004, disponible en la página de internet de la dependencia.
Ese documento indica que tan sólo en tres años (entre 2001 y 2004) la PGR "despachó" 16 mil 634 averiguaciones previas en las que ejerció la facultad de atracción.
En el Tercer Informe de Gobierno la PGR otorga otra cifra, al reportar como despachadas 98 averiguaciones previas en las que ejerció la facultad de atracción, entre enero y junio del 2009. En los mismos meses del 2008, se registraron 202.

Casos inconclusos

En su documento del 2004, la PGR no indica cuántas de las más de 16 mil averiguaciones previas con facultad de atracción despachadas fueron casos resueltos.
Incluso, el investigador Samuel González considera insólita la cifra de 16 mil 634 consignada en dicho documento.
En la respuesta dada a Enfoque, se consigna que de 41 casos sólo resolvió dos: un caso de portación ilegal de arma de fuego registrado en 2008 en San Luis Potosí, que derivó en sentencia absolutoria, y otro por homicidio, portación ilegal de arma y delito contra la salud ocurrido en 2007 en Chihuahua, que concluyó con sentencia condenatoria para tres personas.
Según el oficio SJAI/DGAJ/05731/09, entregado a Enfoque, la facultad se ha ejercido en sólo 10 estados desde el 2003: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora.
La PGR informó que en los últimos tres años ha detenido a 46 personas producto de investigaciones de casos atraídos, 19 de ellas por un caso de homicidio, lesiones y ejercicio indebido del servicio público ocurrido este año en Sonora.
Los reportes de prensa indican que en este sexenio se han atraído en promedio 20 casos relevantes al año que no se han cerrado.
Entre esos casos hay asesinatos de policías e integrantes del Ejército, fugas de reos, agresiones a civiles y a escoltas e incluso un caso de muerte por negligencia médica.
En el 2007 destaca el asesinato de José Nemesio Lugo Félix, ex director del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de la PGR.
En 2008 la PGR atrajo las investigaciones del homicidio de Édgar Millán, coordinador general de Seguridad Regional de la PFP; la decapitación de 11 personas en Mérida, Yucatán; el asesinato de 24 personas en Ocoyoacac, estado de México; la explosión de dos granadas durante las celebraciones de El Grito en Morelia, y el atentado contra el consulado de Estados Unidos en Monterrey, entre otros.
Y en lo que va del 2009 se añadieron a la lista el homicidio de Vincent Bustamante, marshall de Estados Unidos; el de Beatriz López Leyva, luchadora social de San Pedro Jicayán, Oaxaca; el caso Casitas del Sur; la fuga de 53 reos del Cereso de Cieneguillas, Zacatecas; el homicidio del líder mormón Benjamín Lebarón; el homicidio de 12 policías federales cuyos cuerpos se encontraron en La Huacana, Michoacán, y el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.
Ni siquiera un caso que conmovió personalmente al presidente de la República -el accidente aéreo en el que falleció Juan Camilo Mouriño- ha sido resuelto por la PGR. La semana pasada terminó la investigación civil, encabezada por la SCT, pero el expediente abierto el 5 de noviembre del 2008 (fecha en la que la PGR atrajo el caso) sigue inconcluso.

Impunidad garantizada

Guillermo Zepeda, especialista en estadística criminal, asegura que la facultad de atracción de la PGR ha arrojado pobres resultados y no ha sido una herramienta que ayude a terminar con la impunidad en la procuración de justicia en el país.
"En general ha sido una facultad que en alrededor de una década de vigencia arroja resultados pobres, es discrecional para que sea estratégica, sin embargo, el que cambie de jurisdicción de lo local a lo federal no significa que aumenten significativamente las probabilidades de esclarecimiento de los casos.
"El balance en general es que la impunidad sigue siendo, lamentablemente, el signo de la procuración de justicia en nuestro país", apunta el también investigador del ITESO.
Zepeda reprocha a la Procuraduría que dificulte el acceso a sus estadísticas sobre casos atraídos. "Hay una actitud poco transparente para conocer lo que sucede en la procuración de justicia", afirma, "ojalá que logremos obtener información de qué magnitud es el ejercicio de esta facultad para poder hacer un diagnóstico más claro".
El artículo 73 constitucional establece que las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común cuando éstos tengan "conexidad" con delitos federales. Esta capacidad fue otorgada hace 13 años y formó parte de una serie de reformas hechas en el sexenio de Ernesto Zedillo.
La facultad no se encuentra regida por criterio alguno, por lo que es discrecional y amplia.
"No está atada a algún criterio. De hecho aunque haya casos casi idénticos si en uno decide la autoridad atraerlo y en otro no, así puede proceder", apunta Zepeda.
La PGR se colapsaría si atendiera todos los casos que cumplen con el requisito de "conexidad" con algún delito del fuero federal, agrega el investigador. Un ejemplo de las complicaciones se da con las más de 5 mil ejecuciones que se han registrado en lo que va del 2009.
"En la práctica lo que sucede es que a falta de coordinación y de una acción decidida hay impunidad casi garantizada para una ejecución. Cuando un delito se califica de ejecución es casi un salvoconducto para no investigar", sentencia.
Urge revisar esta facultad
Javier Oliva, experto en seguridad nacional y asesor del Colegio de Defensa Nacional, explica que esta facultad nació en una época en la que los avances tecnológicos o los recursos de investigación se concentraban en la Ciudad de México.
"Con el correr de los años esa facultad de atracción comenzó a convertirse o en un obstáculo o en una evidencia de la falta de coordinación entre las autoridades judiciales locales y las autoridades judiciales federales.
"Habría que revisar la oportunidad, la agilidad que implica para la impartición de justicia en la investigación de algunos casos la facultad de atracción", comenta.
Oliva señala que el funcionamiento de la atracción como está actualmente en la ley ha generado que algunos casos que resultan difíciles de resolver comiencen a caer en el olvido.
Según el también académico de la UNAM, la facultad de atracción debe ocurrir cuando francamente las autoridades locales no tengan los recursos y las capacidades profesionales para hacerlo.
Oliva propone realizar reformas al marco legal que propicien mayor cooperación. "El establecimiento de un nuevo Código Penal donde se especificara de manera más precisa a qué tipo de delitos se va a abocar cada quien", añade.

Uso político
Samuel González, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, explica que el problema de seguridad y de impartición de justicia va mucho más allá de los errores que puedan existir en la facultad de atracción.
"Tiene razón de ser, pero también se puede ejercer políticamente, es decir: 'yo atraigo para que el otro no investigue', y de eso no se trata el asunto.
"De acuerdo con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conocer la verdad es un derecho humano fundamental; es decir, la autoridad no puede esconder un asunto atrayendo el asunto a la parte federal", asegura.
González aclara que el hecho de que la PGR atraiga no garantiza la solución de los casos, pues además de las motivaciones políticas, puede haber otros factores que dificulten la investigación.
"Por una parte, la naturaleza de una investigación de homicidio en delincuencia organizada hace que sea muy complicado hacerlo y de la otra, como en el caso de las muertas de Juárez, evidentemente hay elementos locales que han impedido el que esas investigaciones concluyan", ejemplifica.
Indaga, no resuelve

De diciembre del 2006 a la fecha la PGR ha atraído al menos 72 casos. Diez de ellos pueden considerarse emblemáticos por su gravedad. Aunque en algunos hay detenidos e incluso consignados, ninguno se ha esclarecido por completo.

Asesinato de José Nemesio Lugo Félix, director del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de la PGR.
 · Fecha: 14 de mayo del 2007.
· Atracción: 14 de mayo del 2007.
· Resultados: el 7 de febrero de 2008 la PGR informó que los autores del crimen habían sido identificados y estaban siendo buscados, pero no han sido detenidos.
· Expediente abierto: AP/PGR/SZC/AO/398/07-05
Asesinato de Édgar Millán, coordinador general de Seguridad Regional de la PFP.
· Fecha: 8 de mayo del 2008.
· Atracción: 8 de mayo del 2008.
· Resultados: Fueron culpadas por el crimen siete personas, cuatro ya fueron liberadas y a las tres a las que les fue dictado auto de formal prisión no se les pudo comprobar el delito de delincuencia organizada. Alejandro Ramírez Báez confesó ser el autor del crimen. José Antonio Martín Montes Garfias fue juzgado por delitos no relacionados con este asesinato. Jorge y Josué Ortega Gallegos, Juana Virginia González y María Teresa Villanueva salieron en libertad.
· Expediente abierto: AP/PGR/DDF/SZC/CAM/1333/08-05
Multihomicidio de 24 personas halladas en Ocoyoacac, estado de México.
· Fecha: 12 de septiembre del 2008.
· Atracción: 12 de septiembre del 2008.
· Resultados: tres días después fueron detenidas 12 personas en Arcelia, Guerrero, por su probable responsabilidad. El 2 de diciembre les fue dictado el auto de formal prisión a Antonio Ramírez Cervantes, comandante de la Policía Municipal de Huixquilucan, y a Raúl Villa Ortega, alias El R. Pedro Jaime Chávez Rosales, ex director de Seguridad Pública y Tránsito de Huixquilucan, fue implicado y arraigado, pero después quedó en libertad. Hasta el momento no se ha confirmado la principal hipótesis de la autoridad: que se trataba de albañiles que construían un narcotúnel.
· Expediente abierto: AP/PGR/SIEDO/UEIDCS/302/2008
Explosión de dos granadas en Morelia, Michoacán, durante los festejos de El Grito de Independencia.
· Fecha: 15 de septiembre del 2008.
· Atracción: 23 de septiembre del 2008.
· Resultados: la PGR presentó el 26 de septiembre a Alfredo Rosas Elicea, Juan Carlos Castro Galeana y Julio César Mondragón Mendoza, quienes fueron privados de su libertad, torturados y entregados por La Familia Michoacana a la Siedo. La detención y juicio de los presuntos responsables están plagados de irregularidades. No se ha informado de manera oficial sobre el móvil del atentado.
· Expediente abierto: AP/PGR/SIEDO/UEITA/133/2008
Accidente aéreo en el que fallecieron Juan Camilo Mouriño, José Luis Santiago Vasconcelos y 10 personas más.
· Fecha: 4 de noviembre del 2008.
· Atracción: 5 de noviembre del 2008.
· Resultados: la SCT presentó el pasado martes un informe del comité de investigación que inculpa a los pilotos y al controlador aéreo. No hay detenidos. Las autoridades descartaron que se haya tratado de un atentado.
· Expediente abierto: PGR/DDF/SSPE/6114/08-11
Asesinato de Beatriz López Leyva, luchadora social cercana a Andrés Manuel López Obrador, en San Pedro Jicayán, Oaxaca.
· Fecha: 6 de abril del 2009.
· Atracción: 14 de abril del 2009.
· Resultados: el 6 de mayo la PGR informó del auto de formal prisión en contra de Jaime Santiago López por su probable responsabilidad. Se consideró que el detenido era un chivo expiatorio; la hija de López Leyva vio al asesino y no reconoce al inculpado. La PGR no ha aclarado las causas del homicidio o los posibles nexos del crimen con el activismo político de la víctima.
· Expediente abierto: PGR/OAX/OAX/V/209/2009
Desaparición de niños del albergue Casitas del Sur.
· Fecha: 9 de noviembre del 2008.
· Atracción: 21 de abril del 2009.
· Resultados: el 21 de agosto se dicta auto de formal prisión en contra del pastor de la Iglesia Cristiana Restaurada Alonso Cuevas Castañeda. Tres días después se da a conocer que la ex directora de la casa hogar, Elvira Casco Majalca, y la maestra Leticia Arrieta Estrada serán juzgadas. El 17 de octubre fue arraigado el pastor Ignacio Juárez Escamilla. Hasta el momento se desconoce el paradero de 11 menores.
· Expediente abierto: PGR/SIEDO/UEITMIO/12/2009
Secuestro del administrador de la aduana marítima de Veracruz, Francisco Serrano Aramoni.
· Fecha: 1o. de junio del 2009.
· Atracción: 12 de junio del 2009.
· Resultados: la PGR ofrece una recompensa de 10 millones de pesos a quien proporcione información útil para dar con su paradero. El Presidente visita la aduana y apremia a las autoridades a rescatar al funcionario. El 27 de agosto son detenidos tres presuntos miembros de Los Zetas por su probable participación en el secuestro, y el 16 de septiembre es detenido Osiris Cruz, ex director de la Policía Municipal de Veracruz, como presunto responsable, junto con otras 10 personas que son liberadas por falta de pruebas. Los cuatro presuntos responsables fueron trasladados al Penal de alta seguridad de Tepic, pero el funcionario aduanal no ha aparecido.
· Expediente abierto: AP/PGR/VER/VER/tV/191/09

Incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora.

· Fecha: 5 de junio del 2009.
· Atracción: 24 de junio del 2009.
· Resultados: el 6 de agosto se dicta auto de formal prisión en contra de Matilde Gómez del Campo, Sandra Lucía Téllez, Antonio Salido y Francisco Urquides, socios de la guardería, aunque enfrentan ilícitos no graves, alcanzaron fianza y están en libertad. No se ha ejercido acción penal contra las autoridades federales, estatales y municipales responsables de la tragedia.
· Expediente abierto: AP/PGR/SON/HM-V/690/2009

Asesinato del líder mormón Benjamín Lebarón y su cuñado Luis Withman.

· Fecha: 7 de julio del 2009.
· Atracción: 9 de julio del 2009.
· Resultados: el 9 de septiembre la PGR anunció la captura de José Rodolfo Escajeda Escajeda, El Riquín, a quien vinculó con el crimen. El 14 de octubre se supo que varios inmuebles habían sido cateados por tener relación con el caso, sin que hubiera detenciones.
· Expediente abierto: PGR/CHI/JUA/-4/1779/09

"En general ha sido una facultad que en alrededor de una década de vigencia arroja resultados pobres, es discrecional para que sea estratégica".

Guillermo Zepeda. Investigador del CIDAC.
"Con el correr de los años la facultad de atracción comenzó a convertirse en una evidencia de la falta de coordinación entre las autoridades locales y federales".

Javier Oliva. Investigador de la UNAM.
"Es una facultad que tiene razón de ser, pero que también se puede ejercer políticamente".

Samuel González. Ex titular de la UEDO.